El comentario de hoy, jueves 23 de enero, 2020:

El pasado 15 de noviembre, como lo mandata la Constitución local, el gobernador del Estado rindió su Informe de Gobierno. Fue el tercero. Según las reglas de nuestra democracia participativa, inmediatamente después debieron realizarse las comparecencias de los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, ante el Congreso del Estado. El propósito es abundar y puntualizar; despejar dudas e incidir sobre los diversos rubros que tiene a su cargo el Poder Ejecutivo.

Por las razones que ustedes dispongan o manden, nuestros representantes populares simplemente omitieron dicha responsabilidad. Tal vez atareados en las habituales fricciones entre algunas bancadas o buscando enmendar su escasa productividad; buscando afianzar un presupuesto más laxo para justificar su desempeño o por otras prioridades, el caso es que, a más de dos meses de haberse presentado el informe, al fin inician las referidas comparecencias.

Anteriormente los servidores públicos comparecían ante el pleno del Congreso. Hoy no. Lo hacen en comisiones y no pocas veces, a puerta cerrada. Si existen cuestionamientos, si hay inconsistencias sobre lo que se informó a la ciudadanía, simplemente se reduce a la secrecía y la poca transparencia. Hay que recordar que si existen órganos opacos y dados a la discrecionalidad, los que encabezan la lista son las llamadas representaciones populares. Ahí la rendición de cuentas pasa de largo.

Sin ánimo de descalificar o demeritar el trabajo de tan distinguido órgano, lo que se pone en tela de juicio es la displicencia legislativa local ante una responsabilidad, que le es inherente. La ciudadanía debe también estar enterada de lo que el ejecutivo informó de manera más amplia, pero no a dos meses de distancia, cuando las circunstancias en estos tiempos, han cambiado. Es decir, la realidad es otra. De mediados de noviembre hasta hoy, las cosas pueden ser diferentes. Estamos ya en otro ejercicio presupuestal y financiero. Si a ello agregamos que de entrada hay quienes tienen tache, sin haber comparecido, la cosa se advierte dolosa y premeditada. La carga ideológica, partidista, de fanatismo, podría contaminar aún más esta tardía Glosa. Más aún, la ignorancia que prevalece para cuestionar sobre cuestiones técnicas. Es evidente que no es nada rentable escuchar a los titulares de las áreas a aprobar decretos, nombramientos o presupuestos, que llevan detrás una carga económica. Así es esto del abarrote legislativo, como se dice vulgarmente. (JPA)